Jorge Molina Sanz Agitador neuronal jorge@consultech.es

La dignidad de envejecer desaparece si aparecen incoherencias políticas y el abandono social
El viejo marino deja el café y suelta:

—No se puede negar la habilidad de Pedro Sánchez y sus ministros para crean ensoñaciones y mundos
irreales, los eufemismos llegan al ridículo; ahora siguiendo el manual woke, llamar viejo, anciano abuelito o
de la tercera edad no es correcto porque puede resultar anticuado, impreciso o tiene connotaciones
negativas.

No sé como se deberán llamar, pero lo que preocupa e interesa son las políticas que erosionan, por
ejemplo, el sistema de pensiones, que ya califiqué como una estafa piramidal encubierta, el sistema es
deficitario, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de Escrivá es un parche que no lo
soluciona y aumenta los impuestos a los trabajadores y empresas, menos salario líquido y más costo
empresarial. De forma subrepticia hemos pasado de un sistema contributivo a uno asistencial, con mucha
ingeniería contable y desvergüenza política.

El dinero para las pensiones en 2025 ha llegado hasta octubre y la inefable María Jesús Montero
reconoce para 2026 un agujero en el sistema de casi 23.000 millones.
Por duro que suene, estamos ante las consecuencias de una política pública mal diseñada, sin
anticipación alguna y mezclando pensiones contributivas con las asistenciales. Algo que nunca se tenía que
haber producido, pero es más fácil —eso gana votos— hacer proselitismo que anticiparse y haberlo resuelto
de origen, máxime que esto era previsible porque, con más longevidad, menos natalidad y entrada tardía al
mercado laboral la ratio cotizante/pensionista cae.

Añadamos que el sistema ha ido incorporando el salario mínimo vital, pensiones políticas y especiales,
dentro de los presupuestos de la Seguridad Social, lo que distorsiona la sostenibilidad global y ahora
pagamos este error técnico con más impuestos. Gracias MEI, gracias Escrivá.
Interviene la profesora:

—Este poliédrico «ecosistema» de la tercera edad, tiene muchos ángulos para poder comentar. Incorporo
alguno para su análisis. Uno de ellos es el edadismo administrativo.
En teoría protegemos a los mayores, pero la práctica demuestra que se les exige más burocracia, que
reciben menos recursos que otros colectivos con mucha más capacidad de movilización.
La Ley de Dependencia no es igual en todas las autonomías, ni los copagos son iguales, ni las listas de
espera, ni el acceso a una residencia que depende más del presupuesto autonómico que de la situación del
pensionista.

No es menos grave cómo se trata al mayor cotidianamente. Como consecuencia de la edad
determinados medicamentos básicos se convierten en crónicos —laxantes, prebióticos, probióticos, colirios,
etc.— y se convierte en un gasto importante para pensiones bajas, añadamos la atención dental, podología,
audífonos o gafas.

Una residencia estándar cuesta entre 1.800 y 2.800 euros/mes, más IVA, más servicios adicionales. No
se accede a plaza pública hasta alcanzar un grado de dependencia severo y, aun así, cae en listas de
espera que suelen durar entre 1-2 años.

Mientras tanto, y esto sí que es un agravio comparativo intolerable, un delincuente preso tiene acceso
gratuito a prótesis, gafas, sillas de ruedas, fisioterapia, medicamentos, revisiones completas y una oferta de
servicios que ningún mayor sueña en una residencia.

La cárcel es, objetivamente, para muchos ancianos mejor y más barata que su residencia.

Añade el marino:
—Has descrito un escenario que deja en mal lugar a los políticos y que nos debería hacer pensar que
hacemos como sociedad porque, siendo exagerados y extremos, la actuación de nuestros políticos se
podría etiquetar como de «senicidio de Estado» que, aunque todavía no reconoce la RAE si les dejamos
estará. Hay dinero para ciertas cosas, pero se orillan otras.

Presumimos de magnanimidad y humanidad, porque no operamos como en Tamil Nadu (India) que le
dan al anciano un baño de aceite al amanecer y litros de agua de coco hasta provocarle un fallo renal y
fiebre letal, ni lo empujamos a una montaña como hacían en el Japón rural, aunque sutilmente lo
empujamos a la marginalidad administrativa, no le obligamos a beber agua de coco, pero si a pagar
medicamentos esenciales que no pagan los delincuentes, ni lo dejamos morir en un risco, pero lo dejamos
solo en un piso sin ayudas suficientes.

La profesora ante el cariz de la conversación comenta:
—Claro que siempre nos queda el relato, las políticas chachi, fantasiosas y redentoras o el
ecosocialismo, junto a las teorías woke que sugieren cambiar el discurso porque «anciano», «viejo» o
«abuelito» se debe sustituir por «persona mayor», «senior» o «mayor activo» para no herir sensibilidades.

Estamos en el discurso de la propaganda, con las «políticas de envejecimiento activo» o los «planes de
bienestar», pero lo esencial, lo inmediato sigue sin resolverse. Se precisan más de 90.000 plazas públicas,
financiación adecuada, cuidados, accesibilidad y una sanidad equitativa.

El marino remata:
—Esto que pides es correcto, pero un país que trata mejor a sus delincuentes que a sus mayores,
muchos de ellos con más de 40 años cotizando, por mucha inversión publicitaria y pamplinas, pasa a ser un
gobierno senicida.